Democracia representativa

La obturación de los últimos resquicios de democracia representativa suele camuflarse tras la pantalla de buenas causas. Rectius: de causas generalmente aceptadas por los ciudadanos en su acepción de público.

En determinada parte de España, sobrevive un grupo de gente que aún considera que poner bombas y matar gente indefensa es una manera aceptable de defender sus ideas políticas, planteamiento éste que, en nuestra zona de Europa, ha ido siendo abandonada paulatinamente.

(Especifico que en nuestra zona de Europa, porque es más o menos el mismo planteamiento -en light- que tenían otros grupos en cuya defensa acudió hace diez años la OTAN , F-18 españoles incluidos. Pero era otra zona.)

Esa gente tiene una estructura que pone las bombas y mata a la gente, o proporciona a los que lo hacen apoyo logístico, y otras que ponen la imagen política más o menos legal (o sea, como en todas partes). Y, luego, hay una parte de los ciudadanos de esa parte de España que se identifican en mayor o menor grado -en muchos casos por costumbre- con su idea política de no querer ser españoles y asumen - de mejor o peor grado- que que explosionen bombas y sea matada gente es algo que, simplemente, ocurre, digamos que ocurre por la naturaleza de las cosas.

Pasa como con la interrupción voluntaria del embarazo, pongo por caso, (de cuya despenalización sencillamente antes de un plazo razonable soy absolutamente partidario): frente a la moral religiosa intransigente con el tema, la moral generalizada se nutre de todo tipo de eufemismos y elipsis para que las afectadas no se sientan tan mal ante el trago. Pongo el ejemplo porque es suficientemente bruto.

Así, para un simpatizante de determinadas formaciones políticas, las bombas y los muertos son algo así como un fenómeno meteorológico. Eufemismos y elipsis para sedar la mala conciencia, si es que la hay.

Bien. Dicho esto, a lo que iba. Hace cosa de un mes, los de las bombas se cargaron a un tipo normal y corriente, como Vd. o yo, amable lector (o lectora). La alcaldesa de su pueblo, del que había sido concejal hasta hacía poco, se refugia en los habituales circunloquios para no decir públicamente que le parece mal que se hayan cargado al compañero Isaías. Entonces, hay que echarla, porque la cosa es indignante. Lo es. Los grupos municipales, es decir, concejales elegidos por los ciudadanos (y ciudadanas) del pueblo mayores de edad que quisieron ir a votar, se juntan para planear una moción de censura, echar a la alcaldesa a quien parece que no le parece mal que maten a sus paisanos y cambiar el gobierno del municipio.

Hasta aquí, todo perfectamente legítimo. No les gusta lo que hay y ellos son los legitimados por la delegación de los ciudadanos -urnas mediante- para cambiarlo.

Mas hete aquí que los concejales pertenecen a partidos políticos, con sus intereses encontrados y sus deudas por pagar más allá de los limitados horizontes del pueblo en cuestión e incluso de esa concreta zona de España.

Uno de los dirigentes de uno de los partidos localistas, que no ha sido elegido concejal por los ciudadanos del pueblo interesado, dice que ni hablar de moción de censura. (Él no tiene legitimidad alguna para intervenir en esto, ya que no es concejal y ni siquiera vive allí)

Su partido, que estaba negociando con los otros partidos hacer mociones de censura en muchos otros pueblos donde se había permitido gobernar a los que no dicen que matar gente está mal (es decir, dar órdenes a los concejales elegidos por la gente, para lo que no tienen ninguna legitimidad), su partido, digo, discrepa. En el partido en cuestión, hay 2 o más facciones que se pelean y al final, para salvar la cara, adoptan una solución salomónica: "les damos una última oportunidad, hacemos una moción diciendo que los chicos que mataron a nuestro paisano son malos. Si los concejales del partido de la alcaldesa la secundan, no hacemos moción de censura y, si no, pues la hacemos."

(Los únicos legitimados para tomar tal iniciativa eran los concejales, no los jefes de sus partidos)

Para poner la guinda, ahora resulta que los concejales de otro partido distinto, caracterizado por ser víctima de algo denominado tsunami bipartidista, dicen que ellos no piensan votar a favor de la moción de censura (sus motivos tendrán, llevarse bien con los elípticos, a lo mejor, pero bueno: están en su derecho, como concejales)

Pues bien, resulta que los jefes del partido (o lo que sea) de reciente tsunamización, intentan convencerles de que se unan a la censura. Y los concejales (democráticamente elegidos), erre que erre que no.

Resulta que los mandos del partido tsunamizado se plantean (supongo que se siente presionado por la así llamada opinión pública) en tal sentido, expulsar a los concejales díscolos y decirles que dejen el cargo (para el que fueron democráticamente elegidos) por negarse a censurar a la alcaldesa. (La censura compete única y exclusivamente al pleno municipal, o sea: los concejales)

Sorprendentemente, resulta que los estatutos de la formación tsunámica dicen que las cosas municipales son competencia exclusiva de los munícipes elegidos democráticamente por los ciudadanos.

Bueno. Solución práctica: Hay que cambiar esos estatutos aberrantes que dan tanto poder a los concejales como para que no quieran echar a los terroristas y no les pase nada; y todo con la absurda excusa de que la gente los eligió. Excusa que, al parecer les permite hacer oídos sordos a las órdenes de sus mandos naturales del partido (a quienes, que se sepa, sus conciudadanos no han elegido entre otras cosas porque no viven allí).

Bien, espero que cambien también la Constitución (y otras disposiciones, vbgr. la Ley de Régimen Local) y nos ahorren de una vez a los españoles un montón de pasta en cargos públicos y dejen de aburrirnos con campañas electorales periódicas dirigidas, dado su brillante nivel, a especímenes formato "Gran Hermano".

Así, con nuestros impuestos, sólo tendremos que mantener a los aparatos de los partidos políticos a los que ni siquiera tenemos que tomarnos la molestia de elegir. Guay.